El frenesí de la violencia homicida que El Salvador ha vivido en los últimos años a manos de la pandillas ha llevado a sus autoridades a encarnizar una lucha obsesiva para reducir el número de asesinatos, pero dejaron en el limbo otras formas de violencia, como la sexual, que ha llevado al país a una epidemia de violaciones de niños.

Según cifras de la Policía, entre enero y septiembre pasado, 1,015 menores de edad, principalmente niñas de entre cero y 14 años, fueron víctimas de violaciones sexuales, con lo que el país alcanzó una tasa de 48,4 abusos por cada 100,000 habitantes con menos de 18 años, muy por encima del índice de 10 que internacionalmente se considera epidemia.

De los menores de edad que sufrieron una violación en el referido lapso, el 93 % fueron del sexo femenino, principalmente del grupo de entre cero y 14 años, en el que se reportaron 614 víctimas hasta el tercer trimestre de 2017.

Los datos oficiales dan cuenta de que las violaciones sexuales en general se dispararon un 524 %, pasando de 234 víctimas entre enero y septiembre de 2016 a 1,461 en el mismo lapso del año en curso.

Pero esta no será la única epidemia que el país centroamericano tendrá al finalizar el 2017, dado que la cifra de asesinatos en general, de acuerdo con el Gobierno, llegará a los 60 por cada 100 mil habitantes y “oculto” en este dato también alcanzará la epidemia de feminicidios.

La violencia machista tenía a finales de octubre a El Salvador al borde de la epidemia de asesinatos de odio contra las mujeres, que según el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez, representaban el 10 % de las muertes violentas.

En esa época, los homicidios sumaban al menos 3,276, con lo que la tasa de feminicidios alcanzaba los 9.54 por cada 100,000 mujeres que habitan en el país centroamericano y de haber mantenido la tendencia hasta la actualidad, está superada la tasa de 11 crímenes de odio contra las féminas.

El combate contra las pandillas concentra la mayoría de energías del Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén, que en abril de 2016 lanzó, con la venía del Congreso, una serie de medidas “extraordinarias” de seguridad.

No obstante, en esta estrategia gubernamental de franco enfrentamiento a las estructuras criminales apenas se avistan esfuerzos para controlar los feminicidios y mucho menos la violencia sexual contra la niñez.

Los esfuerzos por reducir esta lacra han venido más desde el Congreso, debido a la presión de organismos internacionales, que llevó al Parlamento a prohibir los matrimonios de adultos con menores de edad, en los que se amparaban los violadores para no ir presos, y la creación de un registro público de violadores.

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