Es una realidad incontrovertible que la mayoría de los panameños son partidarios de la familia “tradicional” o heterosexual, es decir la constituida por un hombre y una mujer y su prole.

Sin embargo, a partir de la “Opinión Consultiva” emitida por la Corte Intermaericana de Derechos Humanos,  a solicitud de la República de Costa Rica, con fecha de 24 de noviembre de 2017, la cual expresa que es consustancial con los derechos humanos consignados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho de las personas a cambiar de nombre en virtud de la “identidad de género” y “orientación sexual”, así como también en función del reconocimiento de la existencia de “familias diversas” los Estados deben proteger los derechos de dichas familias, incluyendo los derechos patrimoniales.

Por tratarse de un no contencioso la Resolución OC-24/17 no es vinculante ni siquiera para el Estado consultante y mucho menos para la República de Panamá. Pero ello no significa en modo alguno que el Estado y el gobierno de Panamá no tengan que lidiar con los temas relacionados a la “comunidad” de lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI).

Frente a la petición costarricense la Corte corrió traslado a los Estados y a otras personas jurídicas internacionales, dentro los países que respondieron estuvo la República de Panamá la cual manifestó lo siguiente: “tengo a bien informar que actualmente el Estado panameño no cuenta con una legislación avanzada o especializada en los temas sobre cambio de nombre por razón de género ni sobre derechos patrimoniales entre parejas del mismo sexo. Sin embargo, quedamos a la espera de los resultados de la referida Opinión Consultiva que puedan ser de guía en estos temas tan relevantes en la actualidad”.

En este contexto, el gobierno de Panamá tiene dos opciones serias y una dilatoria. Estas son: Dar largas al asunto, modificar la legislación nacional para adecuarla a la “Opinión Consultiva” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocida por Panamá, mediante la Ley 15 de 28 de octubre de 1977.

Cualquiera que se la opción que asuma el gobierno en nombre del Estado debe tener muy en cuenta cuál es la voluntad general en esta materia. Es muy probable que dada la zigzagueante conducta del actual gobierno en el campo de las relaciones exteriores, pretenda optar por la primera, pero sería un acto de irresponsabilidad porque tarde o temprano tendrá que adoptar una decisión final. Por otro lado, la denuncia de un tratado internacional de derechos humanos es un acto de especial gravedad, y en efecto se encuentra revestido de límites derivados tanto del derecho internacional como del derecho interno de cada Estado. La denuncia de un tratado internacional es el acto por medio del cual un Estado notifica su decisión de dar por terminadas las obligaciones internacionales adquiridas en el marco de tal tratado, por lo que es poco probable que el gobierno nacional siga este camino.

Finalmente en virtud de la doctrina del “bloque de la constitucionalidad”, para la legislación panameña la Convención Americana sobre Derechos Humanos forma parte de la sistemática constitucional nacional. Al respecto, la CSJ “ha establecido, por vía excepcional, que algunas de dichas normas puedan tener jerarquía constitucional, de manera que podrían formar parte del bloque de la constitucionalidad, en la medida en que no contraríen los principios básicos del Estado de Derecho, ni las instituciones que sustentan la independencia judicial y la autodeterminación del Estado panameño; y que consagren derechos fundamentales”.

En consecuencia, la República de Panamá –aunque no está obligada- si decide ajustar su normativa debe plantear las “reservas” pertinentes, particularmente, lo referente al Artículo 26 del Código de la Familia, aprobado el 17 de mayo de 1994,  que especifica que “el matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer, con capacidad legal, que se unen para hacer y compartir una vida en común”. Una definición que indica que el legislador panameño comparte la opinión mayoritaria de la población de privilegiar exclusivamente el matrimonio heterosexual. Es decir, entre un hombre y una mujer. ¡Así de simple es la cosa!.

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