“Nosotros esperamos poder reinsertar con este nuevo modelo al 60 % de los adolescentes en conflicto con la ley, pero tenemos que reconocer que a veces atendemos jóvenes que no se vana recuperar”, lamentó la directora del Instituto de Estudios Interdisciplinarios del Ministerio de Gobierno, Emma Alba Tejada.

El modelo, en cuyo desarrollo ha participado la consultora colombiana Econometría y ha sido financiado con fondos europeos, estandariza el protocolo que deben seguir las autoridades penitenciarias cuando ingresa en prisión un nuevo adolescente y los distintos tipos de ayuda que se le deben brindar.

“Lo que más nos preocupa es la reinserción laboral, muchos de esos jóvenes tienen que regresar a ese entorno que les empujó a delinquir. Debe haber más compromiso por parte de los empresarios de este país para que haya una bolsa de empleo y para que cuando salgan tenga un empleo digno”, instó la funcionaria.

El Gobierno de Panamá y la Unión Europea suscribieron en diciembre de 2013 un convenio de financiación no reembolsable de 28 millones de dólares para mejorar la convivencia y la seguridad ciudadana en un plazo de ejecución de cinco años, que se conoce como Secopa (Security Cooperation in Panama).

“Nosotros tenemos que transformarlos, acompañarlos, mejorar sus competencias, así como las de su familia, y asegurar su real integración en su comunidad y en la sociedad”, explicó Tejada.

El encargado de Negocios de la Unión Europea en Panamá y Nicaragua, Giovanni di Girolamo, indicó por su parte que el modelo presentado este martes es “pionero” y puede replicarse en otros países de Latinoamérica.

“Se tiene que pasar de un sistema de mano dura a un sistema de recuperación del individuo y de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, afirmó Di Girolamo.

El sistema penitenciario de Panamá cuenta con un millar de jóvenes en conflicto con la ley, de los cuales 300 se encuentra detenidos en distintos centros de todo el país.

Las cárceles panameñas han sido criticadas por diversos organismos internacionales por su mal estado y los altos niveles de hacinamiento y de detención preventiva.

El 60 % de los más de 16.000 presos que hay en el país centroamericano se encuentran recluidos en dos cárceles de la capital, la Joya y la Joyita, según las estadísticas oficiales.

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