El gobierno de Mariano Rajoy pedirá al Tribunal Constitucional la ilegalización de lo decidido por el presidente del parlamento catalán, Roger Torrent, designando hace tres días a Carles Puigdemont como candidato a Presidente catalán. El Ejecutivo insistirá que no puede ser candidato un prófugo de la justicia que reside en Bruselas acusado de los delitos de subversión, sedición y malversación (30 años de cárcel). Por lo tanto no podrá asistir a la sesión de Investidura o bien por su ausencia en Bélgica o porque se vuelve a España será inmediatamente detenido y enviado a prisión, o sea que “por su estatus jurídico carece de libertad ambulatoria”.

La vicepresidenta del gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, no reconoció la legalidad del titular del Parlamento catalán, Roger Torrent (Esquerra Republicana) a efectuar tal nombramiento. Lo exhortó a proponer otro candidato. “Si Torrent propone un candidato que pueda llevar a cabo la investidura, ningún problema. Eso es otra cosa”, afirmó.

“Espero que Torrent sea respetuoso con el Tribunal Constitucional y las decisiones que se tomen”. De esta manera el Ejecutivo de Rajoy ha iniciado los trámites legales para impedir que Puigdemont pueda ser designado titular de la Generalitat en la sesión de investidura cuya fecha será establecida el martes próximo para el 30 o 31 de enero, cuando vence el plazo de legal de convocatoria.

“El Gobierno lo que está haciendo es utilizar los instrumentos que la ley pone a su disposición para garantizar que ésta se cumpla y que se respeten todos los derechos de los diputados”, añadió Sáenz de Santamaría.

También explicó que se ha remitido una consulta para que el Consejo de Estado informe sobre “una serie de extremos” como dictaminar si un candidato que no esté presente puede llevar a cabo la investidura sin su presencia. La orden de arresto o su estatus jurídico actual es incompatible con su prescriptiva presencia ante la asamblea parlamentaria española.

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