El presidente Emmanuel Macron firmó este lunes la ley antiterrorista que le permitirá a Francia salir del estado de excepción o emergencia en que se encuentra desde hace casi dos años. La nueva normativa, que entrará en vigor desde su publicación, este martes, aunque su aplicación comenzará un día más tarde, ha sido criticada por algunas organizaciones de derechos humanos que consideran preocupante que dé carácter permanente a algunas medidas hasta ahora excepcionales. Pero el Gobierno la ha defendido como un “justo equilibrio entre libertad y seguridad” en momentos en que la amenaza terrorista sigue siendo alta.

La ley “nos permitirá salir del estado de emergencia a partir del 1 de noviembre manteniendo la seguridad de nuestros ciudadanos”, dijo Macron al firmar, en una ceremonia breve en el Elíseo, la normativa que fue aprobada este mismo mes tanto en la Asamblea Nacional, donde superó ampliamente la mayoría de la que goza su partido, como en el Senado.

La “ley para reforzar la seguridad interior y la lucha contra el terrorismo”, como se llama oficialmente, puede entrar en vigor desde el momento mismo de su publicación oficial, este martes. Pero el Gobierno ha precisado que solo será aplicada a partir del 1 de noviembre, que es la fecha en que expira la sexta y última prolongación, el pasado julio, del estado de emergencia proclamado tras los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París, que dejaron 130 muertos.

El ministro del Interior, Gérard Collomb, defendió la necesidad de una ley antiterrorista que mantenga algunas de las medidas reforzadas de seguridad porque “sabemos que la amenaza terrorista sigue siendo grande”, afirmó en rueda de prensa. Como muestra, recordó que solo en 2017 se han producido diez atentados —ya sean exitosos o frustrados- en todo el país y se han desbaratado planes para cometer otros 13 más.

La ley antiterrorista traslada al derecho común algunas de las disposiciones previstas en el estado de emergencia, como la competencia que se otorga a los prefectos, que son los representantes del Estado en los territorios, de establecer perímetros de protección en lugares de concentración ciudadana como estadios —o, en próximas fechas, mercados navideños— y realizar controles a las personas que ingresen en esos espacios.

Los prefectos también podrán ordenar sin orden judicial —aunque un magistrado administrativo deberá vigilar el procedimiento—el cierre de lugares de culto que se consideren incitan al odio, a perpetrar actos violentos o que hagan apología del terrorismo. El plazo máximo será de seis meses, mientras que hasta ahora podían permanecer clausurados todo el tiempo que permaneciera vigente el estado de emergencia. Según Collomb, actualmente permanecen cerradas 11 mezquitas cuya situación será revisada “en los próximos días”.

La nueva ley también sigue permitiendo restringir los movimientos de sospechosos de poder cometer un acto terrorista pero, mientras que hasta ahora estaban obligadas a permanecer en su domicilio, el perímetro de movimiento se amplía con la nueva ley a su comunidad o lugar de residencia para que puedan continuar acudiendo a su trabajo, aunque deberán seguir presentándose todos los días en comisaría “para que no les perdamos jamás de vista”, subrayó Collomb. También podrán optar a usar un brazalete electrónico, agregó. Actualmente, hay 41 personas sometidas a este régimen bajo el estado de emergencia, aunque el ministro dijo que su situación está siendo revisada para adaptarla a la nueva normativa.

Críticas a la ley

El texto final ha acabado matizando levemente una de las medidas más criticadas, la extensión de los controles de identidad en el ámbito geográfico. La propuesta inicial era de ampliarlas a un radio de 20 kilómetros alrededor de puertos, aeropuertos y estaciones de tren internacionales, un perímetro que ahora se ha reducido a 10 kilómetros. Los críticos habían advertido de que esta disposición afectaría en un radio demasiado amplio y densamente poblado al sector más vulnerable: los extranjeros sospechosos de encontrarse en Europa en situación irregular o los franceses de origen no europeo.

Las modificaciones no han acabado con la inquietud de organizaciones de derechos humanos que temen que esta nueva ley limite las libertades y no respete la presunción de inocencia ni la vida privada.

Una opinión que no comparte Collomb, según el cual se trata de “un texto equilibrado que a la vez cumple la necesidad absoluta de proteger a los ciudadanos y garantiza sus libertades”.

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