Ediverto Valdez Ramos y Juan Sical Toj, los guardias del Sistema Penitenciario (SP) que ayer fueron asesinados tras el rescate de un reo, arriesgaban su vida todos los días por un salario mensual que después de los descuentos obtenían un promedio de Q4 mil 300. Ambos policías dejaron niños en orfandad.

Valdez y Sical tenían la custodia del presidiario Anderson Daniel Cabrera Cifuentes, miembro de la Mara Salvatrucha y quien ayer fue liberado por un comando armado en el Hospital Roosevelt.

Los guardias fueron dos de las siete víctimas mortales que dejó el hecho de violencia. Sus cuerpos quedaron a inmediaciones de ese centro asistencial.

Rudy Esquivel, portavoz del SP, explicó que Valdez era originario de Jutiapa y Sical de Baja Verapaz.

Ambos policías dejaron niños en orfandad, sin embargo, el portavoz dijo que no podía precisar más detalles, por respeto a las familias.

Estas personas laboraban como guardias. Sus principales funciones eran el traslado y la custodia de ese y de otros presidiarios; su salario mensual era de aproximadamente Q4 mil 700, aunque por los descuentos de Ley obtenían un promedio de Q4 mil 300.

De acuerdo con Esquivel, si las familias de los servidores públicos reúnen todos los requisitos, recibirían Q65 mil de un seguro extraordinario.

LAS OTRAS VÍCTIMAS

Además de Valdez y Sical, murieron en este incidente, Elder Emmanuel Mayen, de 22 años; Enner Augusto Sarceño, 41; Francisca Gómez Sunún, 35; Margarito Sucuc Roquel, 55 y Jorge Mario Picholá, de 40.

Mientras que los heridos son: María Esquité Elías, de 54 años; Astrid Johana Villatoro Illescas, 46; Josué Rodríguez, 38; Argelia Mónica Monterroso, 70; Alida Alevón, 40; Axel Ezequiel González Mayen, 4.

También Blanca Lida Santos, 48; Manfredo Gutiérrez, 36; María de Jesús Pirir, 67; Pablo Sontay Pascual, 74 y Geovanny Ajú, de 37.

REHABILITARÁN CLÍNICA

La Hora consultó al viceministro de Seguridad, Ricardo Guzmán, sobre las acciones a implementar por el traslado de reos a hospitales.

Guzmán dijo que se rehabilitará la clínica de Pavoncito y se coordinará con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social el “mejor sistema de atención”, considerando las experiencias pasadas.

Según el funcionario, el Ministerio de Salud también apoyará con clínicas móviles en los dos complejos del SP que concentran varios centros penitenciarios del departamento de Guatemala, es decir el complejo de cárceles en Fraijanes y en zona 18.

Por otro lado, Guzmán admitió que no cuentan con fondos para instalar más clínicas en los centros de privación de libertad, pero buscan una solución permanente, para eso han requerido el apoyo del Congreso de la República.

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