El ex presidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro miembros de su destituido gobierno que huyeron a Bélgica son desde hoy simples turistas. Después de que el Tribunal Supremo español retirara el pasado 5 de diciembre las órdenes europeas de detención y entrega, la Cámara del Consejo (tribunal de primera instancia en el sistema procesal belga) anuló las medidas preventivas que había impuesto a los acusados y cerró el expediente.

Puigdemont y los otros cuatro son ahora libres para abandonar Bélgica cuando quieran, pero se arriesgan a que otro país europeo los entregue a España si la Justicia española emite otro pedido de extradición, por lo que su abogado Paul Bekaert aconsejó a Puigdemont que no se mueva de Bélgica, donde apenas tiene agenda, ningún dirigente nacional o europeo lo recibe y se dedica a dar conferencias de prensa y discursos de campaña electoral a través de videoconferencias y con discursos grabados.

Cataluña: la Justicia belga cierra el caso contra Carles Puigdemont

Seguidores de Carles Puigdemont lo escuchan vía videoconferencia en Girona./ AP

La Justicia belga no entró al fondo del asunto y se limitó a dar por cerrado el expediente ante el desistimiento de la Justicia española. Pero sobre Puigdemont y las otras cuatro personas (Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret), pesa todavía una orden de arresto en España. Si vuelven serán detenidos inmediatamente para ser procesados por delitos que podrían enviarlos hasta 30 años a prisión.

El Tribunal Supremo español anuló el pedido de extradición por temor a que la Justicia belga pudiera entregar a Puigdemont y los cuatro miembros de su gobierno eliminando alguno de los delitos por los que España debía juzgarlos. El delito de rebelión, el más grave del que están acusados, no se contempla de igual manera en el Código Penal belga, por lo que la Justicia belga podría haber aceptado la entrega impidiendo que fueran juzgados por ese delito.

Cuando el Tribunal Supremo español anuló los pedidos de extradición, Puigdemont dijo que pensaba quedarse en Bélgica. En los últimos días ha dicho que si su candidatura gana las elecciones regionales del próximo 21 de diciembre (los sondeos le dan la tercera posición con aproximadamente el 20% de los votos) consideraría volver a España para asumir de nuevo el cargo, arriesgándose a ser arrestado.

Varios diarios catalanes aseguran hoy que la Policía Nacional española y los Mossos (la Policía regional catalana) estarían reforzando su presencia en los pasos fronterizos con Francia para evitar que Puigdemont intente participar por sorpresa la próxima semana en algún acto de la campaña electoral. Tendría que atravesar Francia. La Justicia francesa pondría muchos menos problemas que la belga para entregarle a la española.

La clase política belga respira. Puigdemont fue desde su llegada al país un incordio que tensó las relaciones en la coalición gubernamental porque recibió cierto apoyo del N-VA, el partido nacionalista flamenco que sostiene al gobierno del primer ministro Charles Michel y que ve con cierta envidia la capacidad de movilización del nacionalismo catalán.

El primer ministro belga Charles Michel también debe sentirse aliviado. Cuando hoy se encuentre, en una cumbre europea, con el presidente español Mariano Rajoy, el elefante en la habitación no será la decisión de los jueces belgas.

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