Los números son sombríos: casi 20.000 alumnos no pudieron ir a la escuela el viernes último en la ciudad de Río de Janeiro. ¿La causa? Es la llamada “guerra del tráfico”, sobreimpuesta a la educación y a la vida en los morros marginales de la capital carioca. “Es un récord” se asustó el diario O Globo, al tiempo que computaba: “55 establecimientos educativos cerraron sus puertas” en distintas favelas y barrios aledaños. Y fue por los tiroteos que impidieron a los chicos ir a clase.

Este horror se escenifica con otros datos: en la primera mitad de este año fueron asesinadas en la región metropolitana de Río 3.475 personas. De mantenerse ese espantoso ritmo implicaría, tan sólo en esa capital, 7.000 homicidios anuales. La cifra es pavorosa: son 20 personas que mueren por día bajo los disparos homicidas. Y para establecer alguna comparación, es como si en Buenos Aires fueran asesinados diariamente 10 porteños.

El presidente Michel Temer decidió, hace poco menos de un mes, enviar 10.000 hombres a la ciudad. De ellos 8.000 son soldados de las Fuerzas Armadas y el resto se reparte entre policías federales, de investigación y de la Fuerza Nacional. Por esos días declaró solemnemente: “Debemos restaurar el orden público; asegurar el trabajo de las autoridades y garantizar una vida sin riesgos para la población”. Desde entonces, nada cambió. El único éxito que trascendió, públicamente, fue el enorme esquema de seguridad montado para el viaje del jefe de Estado a esa capital, a fines de julio, con soldados, tanques, armas pesadas y todo tipo de vehículos militares. El operativo duró tan sólo 48 horas.

Hay una razón clave en este proceso de deterioro vivido desde el año pasado al finalizar la Olimpíada. Hasta entonces, la capital carioca había recibido financiamiento para enfrentar situación puntualmente críticas. Desde que esa “fiesta” terminó, el deterioro se tornó cada vez más evidente. Las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), que habían constituido el modelo más celebrado para enfrentar la violencia en las favelas, se declararon “en quiebra”. Sencillamente, dejaron de recibir los fondos necesarios a ser provistos por el Estado fluminense por cuenta de medidas de austeridad radicales. Triste pero revelador sobre los efectos de la falta de recursos fue la declaración de un soldado de la policía militar del estado provincial, que luego habría de morir en un enfrentamiento en febrero de este año. Michel de Lima Galvao, de 32 años, se había quejado de la falta de condiciones de las UPP en una favela muy conocida: Jacarezinho. Había grabado un audio que posteó en su página de Facebook: “Esta no es una guerra nuestra. Este es un gobierno fracasado y un proyecto de UPP también fallido. Nos meten dentro de las favelas para morir”.

Nada impide, con todo, que desde el municipio carioca se intente dar un salto por encima de esta crisis de seguridad. El secretario del área, Roberto Sá –integrante del equipo del intendente Marcelo Crivella- afirma que trató de orientar la acción de las operaciones policiales para reducir el número de muertes que se producen en los enfrentamientos. Exigió, por ejemplo, que los operativos no se realizaran en los horarios de entrada y salida de las escuelas, en las proximidades de hospitales e instituciones primarias de salud. No fue suficiente y lo único a que atinó el secretario Sá fue a decir: “Estoy perplejo” con las estadísticas terroríficas.

Según indica O Globo, el proceso de clausura temporaria de escuelas fue in crescendo. En los registros de este medio periodísticos, apenas en el mes de mayo 42 establecimientos educativos debieron ser cerrados y 13.200 alumnos no tuvieron clases. Para la educadora Lea Cutz, citada por el diario carioca, “se quiebran los procesos de aprendizaje. Se obstruye la dinámica del conocimiento. Es una tragedia”.

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