El Ministerio del Interior español dio a conocer este miércoles un gran despliegue de refuerzos antidisturbios y de grupos especiales de intervención transportados. El Ministerio, que dirige Juan Ignacio Zoido, ordenó la medida para distribuir efectivos policiales en Cataluña con el fin de garantizar la seguridad durante la jornada del 1° de octubre próximo.

Se trata de uno de los mayores operativos de seguridad desarrollados en la democracia española para hacer frente a posibles disturbios en torno al referéndum ilegalizado del 1° de octubre. Tres cruceros turísticos van a trasladar las tropas y sus equipos, incluidos dos helicópteros especiales norteamericanos. Se trata de unos 1.200 miembros de la Policía Nacional a los que se sumarán otros 1.000 agentes de la Guardia Civil. Dos de las naves, cada una con capacidad para 2.400 pasajeros, atracarán en Barcelona y la tercera en Tarragona. Cuatro mil agentes de la Guardia Civil y la Policía integrarán este primer contingente con fuerzas que provienen de unidades de toda España.

La nave de bandera italiana, Rhapsody, llegó al puerto catalán y el otro crucero, también italiano, Azzurra arribó a Tarragona a las 13.30 del miércoles. Del tercer crucero se desconoce su nombre, pero trascendió que se prepara una cuarta embarcación que atracaría en el puerto de Palamos, en Girona. Cada uno de los cruceros operará como cuartel general de las unidades antidisturbios, de los Grupos de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil y tres Unidades de Intervención Policial de la Policia Nacional de Madrid. Todos los traslados, vacaciones y permisos en las fuerzas de seguridad del Estado han sido cancelados para mantener la mejor preparación a sus unidades.

El Gobierno regional catalán convocó un referéndum sobre la independencia de esa comunidad autónoma española para el 1° de octubre que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional de España.

El Constitucional español también suspendió el 12 de septiembre la llamada “ley de Transitoriedad” aprobada la semana precedente por el Parlamento regional catalán, que pretendía poner en marcha un nuevo Estado en forma de república y que fue recurrida por el Gobierno de Madrid. El recurso presentado por el Gobierno español contra esa ley considera esa norma como “la mayor afrenta y amenaza” a las bases sobre las que se asienta la convivencia en España desde 1978 (fecha de la Constitución española).

Tras la actuación policial de este miércoles, que incluyó unos 40 registros de la Guardia Civil española en sedes del Ejecutivo catalán y en empresas privadas y 14 detenciones, los independentistas aseguraron que mantendrán sus planes y que saldrán a votar el 1° de octubre. La incautación de gran cantidad de material electoral -entre el que están las papeletas de la consulta- y la detención de algunos de los presuntos organizadores de la votación desbarataron en buena parte la logística del referéndum.

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